Pemex, asediada por la corrupción

Con el aval de funcionarios corruptos, el sector privado ha cometido millonarios fraudes en contra de la paraestatal. Documentos de la Secretaría de la Función Pública revelan que por tales hechos, durante los últimos siete años, se han impuesto más de 180 millones de pesos en multas.

pemexA lo largo de su gestión como secretario de la Función Pública (SFP), Salvador Vega Casillas, dio un panorama general de la situación de Pemex, entre los que se incluye la problemática de que sus órganos internos de control operan dispersos, lo que aprovechan algunos funcionarios corruptos para cometer fraudes en contra de la paraestatal en contubernio con proveedores.

Los números no lo dejan mentir. En los últimos siete años, el corporativo de Pemex y sus cuatro organismos subsidiarios (Pemex Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica), así como el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) han documentado al menos 412 casos de fraudes en su contra desde febrero de 2006 hasta julio de 2013.

En este mismo período, la SFP aplicó multas por un total de 184 millones 254 mil 641 pesos, de los cuales, más de 170 millones 500 mil provinieron en 368 casos de empresas que, además de ser multadas, fueron inhabilitadas por períodos que van desde los tres meses hasta los cinco años; mientras que el resto –7 millones 173 mil 156 pesos– fueron sanciones a 44 compañías a las cuales sólo se les multó.

Los mayores agravios se cometieron contra Pemex Exploración y Producción, con 111 sanciones; seguido de Pemex Petroquímica con 99 multas e inhabilitaciones; Pemex Refinación reportó 77 agravios y Pemex Gas y Petroquímica Básica castigó a 75 empresas por diversas causas, desde falsificación de documentos hasta incumplimiento de contratos.

En sus listados de sanciones, la Función Pública también incluye a siete proveedores que defraudaron a las petroquímicas Cangrejera y Escolin, así como 14 agravios en contra del Instituto Mexicano del Petróleo y 29 casos reportados por el ente corporativo de Petróleos Mexicanos.

Entre los casos más notorios destaca el fraude por un contrato de 11 millones de pesos que cometió la empresa Erucoyma SA de CV en contra de Pemex Gas y Petroquímica Básica, situación que le significó, en junio de 2010, cinco inhabilitaciones por 19 años en total y multas que sumaron más de 6 millones 330 mil pesos.

Las investigaciones de la SFP arrojaron que César Nevárez Vega, especialista técnico de la subsidiaria habría sido sobornado por la compañía para que se le asignara la rehabilitación de ductos de los sectores Salamanca y Venta de Carpio, a pesar de que la firma cayó en irregularidades como no acreditar la experiencia básica necesaria y falsificación de documentos.

Como resultado, 10 funcionarios enfrentaron denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) y fueron inhabilitados inmediatamente por haber facilitado información privilegiada a la empresa y datos sobre el presupuesto interno de Pemex, además de omitir la supervisión de sus trabajos.

Corrupción documentada. Pero no era la primera vez, ya en mayo de 2008, la Función Pública había sancionado a 13 empleados de la paraestatal y presentado demandas penales contra empresas que se prestaron a fraudes desde el 2006, como Consorcio Industrial de Alvarado SA de CV, Comadip SA de CV e Importaciones, Productos y Servicios SA de CV (Improser).

Esta última fue inhabilitada por cinco años a partir del 3 de octubre de 2008, según consta en el expediente 0103/2007 de la SFP, además de que se le aplicó una multa por un millón 508 mil 770 pesos al encontrarse que falseó datos en las especificaciones técnicas de extintores adquiridos por Pemex Petroquímica.

A pesar de esta prohibición, en enero de 2011, Oscar Ibáñez Soriano, representante legal de Improser, enfrentó cargos penales por haber presentado documentación falsa para hacerse de una contratación por equipo adquirido con un sobreprecio del 100 por ciento. Todo con el beneplácito de cinco funcionarios de la paraestatal que terminaron siendo inhabilitados por 10 años.

Santiago Vega Casillas, entonces titular de la SFP, reconoció que Pemex recae constantemente en la corrupción, debido en parte a la inexistencia de leyes que permitan castigar a las empresas más allá de una multa por un millón 600 mil pesos y la inhabilitación por cinco años, sin que esto represente un resarcimiento real de los daños causados a la paraestatal.

Detalló además que es común que quienes ya han sido castigados utilicen una razón social distinta para participar en las licitaciones. Y otra forma de fraude es que en una misma licitación todas las empresas concursantes tengan socios en común o incluso sean del mismo dueño, por lo que elevan los presupuestos, muchas veces en contubernio con servidores públicos.

Un ejemplo de esto último surgió en noviembre de 2011, cuando una auditoría de la Función Pública reveló que cuatro empleados del Complejo Petroquímico Pajaritos operaron la compra irregular de tubos aletados con un sobreprecio de más de 430 mil dólares a la empresa Atos Tecnología, que se hizo pasar como distribuidor exclusivo.

Por medio de una adjudicación directa y falsificación de documentos del fabricante, el subgerente de Adquisiciones, el jefe del Departamento de Mantenimiento y los superintendentes de Recursos Materiales y Mantenimiento, pagaron 868 mil dólares por el material, cuando su costo real no supera los 420 mil dólares, según reveló la empresa manufacturera.

Todo terminó con la suspensión de los funcionarios por 10 años, así como una multa por un millón 183 mil pesos a la empresa y su exclusión por tres años con nueve meses de cualquier obra pública, aunque no cancelaron los contratos en los que ya estaba trabajando. Estos encargos le ocasionaron posteriores multas e inhabilitaciones por incumplimiento.

Al final, Atos Tecnología se hizo acreedora de cinco multas por casi 6 millones 650 mil pesos en total. La última de ellas le significó pérdidas por un millón 723 mil 800 pesos –la sanción más alta registrada–, además de una inhabilitación por cinco años que comenzó en julio de 2012, según el expediente 0001/2012 de la SFP.

Pemexgate. Un precedente más de corrupción ocurrió años antes, en diciembre de 2004, cuando la ruptura del oleoducto Nuevo Teapa-Poza Rica provocó que más de 5 mil barriles de crudo terminaran en el río Coatzacoalcos, Veracruz, en lo que es considerada una de las mayores tragedias ambientales de México.

Para atender la contingencia, Pemex contrató a siete compañías por adjudicación directa mediante un proceso irregular que fue motivo de una posterior investigación de la SFP, seis años más tarde.

El hecho fue calificado por los auditores como uno de los mayores fraudes en la historia de la paraestatal, sólo equiparado con el Pemexgate, aunque superior en cuanto al costo total, que se elevó hasta los mil 623 millones 725 mil 81 pesos gracias a que las empresas contratadas cobraron hasta mil veces más de lo que debieron recaudar en realidad.

Saint Martín Construcciones, Garner Servicios Ambientales, Aquapress, Construcciones y Reparaciones del Sur, ADT Petroservicios, Grupo Preservare y Lico Ambiental fueron las compañías a las que se adjudicaron los millonarios contratos. Todas se hicieron acreedoras de multas e inhabilitaciones.

En el caso de las dos más grandes, Aquapress fue multada por la cantidad de un millón 121 mil 952 pesos e inhabilitada por cuatro años, según consta en el expediente 0027/2009; mientras que para Saint Martin Construcciones la afectación económica fue de un millón 375 mil 920 pesos y su castigo fue por cuatro años y seis meses.

La Función Pública inhabilitó también a Garner Servicios Ambientales, y Lico Ambiental por dos años, obligándolas a pagar una multa de 560 mil 976 pesos a cada una, en tanto que Grupo Preservare tuvo que pagar 856 mil 252 pesos y fue inhabilitada por tres años.

Por último, ADT Petroservicios pagó una multa de 448 mil 780 pesos, cantidad similar a la que erogó Construcciones y Reparaciones del Sur, que fueron 451 mil 386 pesos. A ambas se les inhabilitó por un año y seis meses, según los respectivos expedientes 0034/2009 y 0038/2009.

En julio de 2010, la revista Contralínea publicó un extenso reportaje en donde se detallan las relaciones entre los propietarios de las empresas Saint Martin Construcciones y Aquapress, con Luis Ramírez Corzo, y Juan Bueno Torio, en aquel entonces directores de Pemex y Pemex Refinación, respectivamente.

De acuerdo con la investigación, ambos personajes continuaron dando licitaciones a las empresas mencionadas a pesar de que la SFP lo había prohibido. Hoy, Juan Bueno Torio es diputado federal y Luis Ramírez Corzo es presidente ejecutivo de Servicios Petroleros Oro Negro, una de las empresas que podría invertir en Pemex de triunfar la reforma energética.

La otra cara de la moneda. En agosto de 2010, el apoderado legal de la empresa Grupo Vasilopoulos SA de CV, Fernando Del Castillo Ávila, denunció que los funcionarios del Complejo Petroquímico Cangrejera se confabularon para favorecer a Aceros y Metales Villarreal SA de CV en una licitación de grúas que se otorgó en junio del mismo año.

Del Castillo Ávila denunció a Diario del Istmo que en la zona siempre ganaban las mismas compañías y acusó directamente a los ingenieros Macario Vázquez Ramírez, subgerente de Mantenimiento y Víctor Manuel Carranza Rosaldo, superintendente de Recursos Materiales y Contratos de ejercer favoritismo con la ya mencionada, descalificando a las demás concursantes con “argumentos infantiles”.

Adelantó que ya había presentado una inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la Petroquímica, sin embargo, ya se había enterado –de manera extraoficial–, que su caso iba a ser rechazado bajo el argumento de que los certificados que presentó eran falsos, lo que para él significaba “una aberración” por la cual ya habría sido castigado.

Dos años más tarde, en noviembre de 2012, la Función Pública ejecutó dos expedientes en contra de Grupo Vasilopoulos SA de CV, acusándola de declaraciones falsas e inhabilitándola por seis años con ocho meses, además de imputarle una multa total de 2 millones 627 mil 809 pesos.

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Texto originalmente publicado en Luces del Siglo

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